La Vereda De Los Descalzos

Luis Alberto Spinetta, Jaime Torres, El Chango Spasiuk, Los Ratones Paranoicos y Bahiano son algunos de los solistas y bandas que tomarán parte de "Catamarca suena (por las tierras argentinas)", un festival gratuito que se realizará el sábado y domingo en esta ciudad. De este modo expresarán el apoyo a los habitantes de los campos de Taco Pampa-Merced de Figueroa, que fueron comprados por una firma estadounidense, en una operación cuestionada.

El recital, en el que también participarán artistas locales, tendrá lugar en las lomadas de El Jumeal, en las afueras de la capital. Organizado por la Cámara de Senadores provincial, busca instalar el tema a nivel nacional.

La deficiente administración catastral de Catamarca ha dado pie a que se multipliquen los conflictos por venta de tierras. Esta vez se trata de la compraventa -en una operación poco clara- de 116.300 hectáreas en el departamento La Paz, en plena zona de Salinas Grandes, en los límites de Catamarca con Córdoba y La Rioja.

Unos 170 pequeños productores agropecuarios están asentados en los parajes de El Quimilo, El Silo, San Isidro, San Agustín, San Lorenzo, El Aybal, Casa de Piedras, Las Esquinas y Palo Santo. Sus familias están afincadas en la zona desde hace más de un siglo. Tienen firmes derechos posesorios sobre esos campos, y el Estado provincial mantiene escuelas, centros sanitarios, puestos policiales y pequeñas capillas.

A fines de 2003, la firma Los Poquiteros SA, de capitales texanos, compró esos campos por 407.050 dólares a seis personas domiciliadas en la Capital Federal y desconocidas por los viejos pobladores. Los vendedores dicen tener los papeles en orden, y se apoyan en la documentación obrante en la Dirección de Catastro de Catamarca. Pero dentro de los campos "adquiridos" por los inversores estadounidenses quedaron las escuelas, las capillas, los puestos policiales y de salud.

"Los pobladores nos sentimos amenazados por la empresa, porque el yanqui dice que va a pasar la topadora por nuestras casas, pero nosotros no lo vamos a permitir", afirmó Orlando Romero, vocero de los lugareños.

El vicegobernador Hernán Colombo anticipó que el Gobierno provincial hará "las investigaciones que correspondan" para determinar la legalidad de la operación y la situación en la que quedarían los habitantes. Y les prometió apoyo técnico y económico para que reclamen legalmente por sus derechos.

Por otra parte, un proyecto de ley promueve expropiar esas 116.300 hectáreas. Parte del predio pasaría a ser reserva natural y otra se destinaría a los pobladores, para viviendas y campos de pastoreo de su ganado. El monto a pagar sería el mismo que habían abonado los inversores.
FUENTE: Diario Clarín